Default del 2001: por una medida de Griesa, más fondos buitre reclaman un resarcimiento
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La Argentina se enfrenta a un nuevo reclamo judicial relacionado con el default del 2001 en este caso de parte de bonistas que participaron en los canjes de 2005 y 2010, que se presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para pedir un resarcimiento al país por no haber percibido el pago de intereses de deuda entre el 2014 y 2016, a raíz de una medida cautelar dispuesta en su momento por el juez Thomas Griesa.
Se trata de acreedores con bonos de los canjes 2005 y 2010 que reclaman el pago de un resarcimiento estimado en 650 millones de dólares por los fondos en intereses que no dejaron de percibir por un período de casi dos años, a partir del default forzoso que declaró el recientemente fallecido magistrado neoyorquino.
El pedido remite a una decisión tomada por Griesa en 2014 que impidió el pago de la deuda regularizada hasta que el país solucionara su conflicto con los tenedores de deuda en litigio, entre los que se encontraban los fondos buitre NML Capital, EM y otros.
Este conflicto con los holdouts se saldó finalmente en mayo de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri presentó una oferta global que fue ampliamente aceptada, y emitió 16.500 millones de dólares en deuda para intentar cerrar el conflicto con los holdouts.
Con el paso del tiempo se supo que aún restan normalizar más de 1.100 millones de dólares en tenencias de bonos nominales holdouts de deuda en default del 2001, que podrían continuar litigando contra el país, según indicó recientemente la cartera de Finanzas conducida por Luis Caputo en un documento enviado a la SEC, el órgano de control bursátil de EEUU.
El nuevo caso comprenden a un puñado de acreedores que habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010 y que cobraban regularmente la deuda argentina.
En su presentación dijeron que resultaron "daminificados" por la medida de Griesa que se extendió por casi dos años y por eso ahora reclaman un resarcimiento, que tiene que ver con los daños por intereses que no habrían podido cobrar durante ese lapso, mientras duró la medida cautelar del juez fallecido.
Frente a esa situación, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ideó un fideicomiso local a través del Banco Nación, para que los acreedores pudiesen cobrar en territorio nacional, y sin temor a ser alcanzados por la medida cautelar de Griesa.
"Los inversores tenían una vía para cobrar. De hecho, muchos de los inversores de los canjes 2005 y 2010, tanto nacionales como internacionales cobraron a través de esta vía", explicaron a Télam fuentes relacionadas con el caso en respuesta a la nueva presentación hecha por los bonistas.
En la presentación ante la justicia neoyorquina el fondo de inversión Draw Capital Partners reclama u$s 650 millones a la Argentina en concepto de intereses punitorios.
Draw Capital argumenta que, como el país no pudo saldar regularmente los intereses de los bonos entre mediados de 2014 y mayo de 2016, debió haber abonado "intereses de los intereses" como multa, por lo que actuó con "malicia, ofensa, imprudencia e indiferencia deliberada", según consta en el escrito presentado a la corte.
Draw Capital estimó que la Argentina le debe u$s 300 millones por los intereses punitorios impagos, otros u$s 300 millones de multa por los "daños" ocasionados y u$s 50 millones más como recompensa por haber "prejuzgado" el país que no debía realizar esas erogaciones.
La acción de clase que inició Draw Capital supone que otros acreedores podrían sumarse a la demanda., según argumenta en su cuenta de Twitter el especialista Sebastián Maril, quien afirma además que entre los litigantes hay un fondo perteneciente al magnate George Soros.
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